El arbitraje en Contrataciones Públicas es un mecanismo alternativo de resolución de controversias establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, que permite la solución de conflictos derivados de los contratos celebrados entre las entidades públicas y los proveedores o contratistas. Esto con el objetivo de garantizar una resolución ágil, imparcial y conforme a derecho, contribuyendo a la transparencia y eficiencia en la ejecución de los contratos públicos. El arbitraje en contrataciones públicas ofrece una alternativa rápida y efectiva a la vía judicial, promoviendo la seguridad jurídica en las relaciones entre el sector público y privado.